El Tercer Sector muestra su satisfacción porque el régimen de colaboración entre sus entidades y la Administración se amplía y ensancha incluyendo también a la Administración de Justicia. Se trata de una demanda ampliamente defendida por el movimiento social organizado de la discapacidad, "algo que será beneficioso", afirman desde la plataforma, y que "mejorará el servicio público de la Justicia especialmente para aquella parte de la ciudadanía que encuentra mayores dificultades en el ejercicio de sus derechos".

 

El Tercer Sector de Acción Social cuenta con un reconocimiento y definición legales en el ordenamiento jurídico desde 2015 y reconoce a las entidades que forman parte de él como colaboradoras de la Administración General del Estado. Este marco legal es el que ha inspirado esta disposición, que fomenta fórmulas de cooperación en el campo de la Administración de Justicia. Una reforma que se enmarca en la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

 

A partir de ahora, las entidades sociales del Tercer Sector podrán desarrollar labores de información, auxilio, asistencia y aporte de conocimiento. Asimismo, esta disposición también se centra en acciones relacionadas con la incidencia política y la interlocución. El Tercer Sector de Acción Social podrá ser interlocutor en el desarrollo de políticas públicas en materia de Justicia y tener presencia en órganos de debate, consulta y participación.

 

Fuente: Plataforma del Tercer Sector